Las violaciones a los derechos humanos en el mundo digital en América Latina han sido una constante en los últimos años. Uso de tecnologías de vigilancia en el espacio público, problemas de conectividad y apagones deliberados de Internet están entre las técnicas más utilizadas por los gobiernos, democráticos y autoritarios, a la hora de restringir ciertas garantías y libertades. 

Según Access Now, organización dedicada a la defensa del Internet abierto y libre, en 2023 se registraron cuatro bloqueos de Internet en cuatro países de la región, un récord histórico para América Latina y el Caribe en un solo año. Los afectados, de acuerdo a esta organización, fueron Cuba, Surinam, Venezuela y Brasil. 

Durante 2024, los bloqueos de Internet han seguido ocurriendo y otros países se han añadido a la lista. En Cuba, por ejemplo, las interrupciones forman parte de una estrategia de mano dura para reprimir a la disidencia y la libertad de reunión. En junio, el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) reportó al menos 24 anomalías en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp, Telegram, Signal y Facebook Messenger- en la isla.

«Hace ocho días que Telegram está bloqueada en Cuba, solo se puede acceder a través de VPN o proxys. Seguido que la aplicación y su versión de escritorio fueran bloqueadas, se sumaron a ese bloqueo varias VPNs usadas por los cubanos para burlar la censura en línea. También dejó de funcionar OONI Probe, la app móvil que mide la censura en Internet», denunció la columnista cubana Rosalía Viñas Lazo.

No es la primera vez que esto sucede en Cuba. Por medio de ETECSA, la única empresa proveedora de Internet y telefonía en la isla, el gobierno ha bloqueado Telegram y otras aplicaciones para tratar de censurar protestas ciudadanas. En julio de 2021, Cuba vivió una de sus mayores movilizaciones, en plena pandemia. NetBlocks, un sitio de seguimiento de Internet, confirmó entonces la interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería.

Sin embargo, Cuba no es el único país de América Latina donde se ha registrado una censura a estas aplicaciones. En El Salvador y Brasil se produjo el mismo fenómeno en momentos informativos de relevancia nacional. A principios de junio, usuarios en redes sociales y observatorios de censura en Internet reportaron la caída de Telegram en el país de Nayib Bukele. «Las métricas muestran que la plataforma de mensajería Telegram ha quedado inaccesible en múltiples proveedores de internet en El Salvador el día de la investidura presidencial. El acceso sigue siendo posible mediante el uso de servicios VPN», reportó Netblocks en su cuenta de Twitter.

Medios de comunicación salvadoreños también relacionaron la caída de Telegram con la amenaza de filtraciones en contra de instituciones del Gobierno por parte de un grupo de hackers denominado Ciberinteligencia SV. El medio La Prensa Gráfica informó que Telegram había sido el canal de comunicación de Ciberinteligencia, que se ha atribuido la autoría de varios ataques cibernéticos dirigidos a organismo estatales como el que sufrió la Corte Suprema de Justicia en mayo, cuando se expusieron datos personales de abogados.

En Brasil también se registraron varios casos de bloqueos a aplicaciones de mensajería en la última década. En 2015, un juez de San Pablo logró suspender WhatsApp por 13 horas. En mayo de 2016, otro juez, esta vez del estado de Piauí, dio de baja la misma aplicación por 24 horas. Dos meses más tarde, un magistrado de Río de Janeiro emitió una resolución para suspender el servicio, aunque solo duró unas cuatro horas.

En todos los casos, las órdenes de suspensión del servicio se emitieron a modo de sanción, ya que WhatsApp no cumplía con pedidos judiciales de información ni entregó las conversaciones de usuarios involucrados en procesos criminales en Brasil.

Access Now condenó estos bloqueos de WhatsApp. «Señalar a WhatsApp por su uso del cifrado de extremo a extremo -que impide a la empresa acceder al contenido de las comunicaciones de los usuarios- sienta un peligroso precedente y pisotea nuestro derecho a la privacidad», dijo la organización en una publicación en 2016.

Lo cierto es que Telegram, y otras aplicaciones de mensajería han sido un entorno fértil para la desinformación. El año pasado, la plataforma de origen ruso también quedó restringida de manera temporal por negarse a revelar información sobre grupos de extrema derecha que utilizaban el servicio para organizarse. El complot desembocó en el ataque del 8 de enero que perpetraron partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, que incluyó el asalto a la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia en un intento de golpe de Estado.

Según aseguran portales de verificación de información, estas aplicaciones son un refugio para propagadores de desinformación, teorías de la conspiración y discursos extremistas debido a la posibilidad de crear grupos y canales públicos donde personas con pensamientos afines se expresan sin filtro y por el bajo nivel de moderación de contenidos.

La Fundación Karisma sostiene que un bloqueo deben cumplir con tres condiciones. La primera, la legalidad, es decir, que esté contemplado en una norma. En segundo lugar, la necesidad de que no haya otro mecanismo que cumpla la misma función y que sea menos invasivo. Por último, la proporcionalidad, o que el mecanismo no afecte de forma desproporcionada a las personas. Cumplir con tales condiciones conlleva una serie de pasos y la organización ya ha alertado que el bloqueo de URLs y dominios no cumple con los estándares mínimos y termina afectando la libertad de expresión, la libertad de elección de las personas usuarias y el acceso a la información. 

En esa misma línea, para organismos internacionales especializados de derechos humanos, el cortar o ralentizar el acceso a Internet pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, por lo que no está justificado en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o de seguridad nacional. Así lo expresa una declaración conjunta de diversas relatorías especializadas de derechos humanos alrededor del mundo

Estos bloqueos también pueden afectar el trabajo de los periodistas. El brasileño André Duchiade cubría política para el diario O Globo durante el bloqueo de Telegram de 2023. Las restricciones le dificultaron la tarea de seguir vigilando la actividad de los grupos extremistas que provocaron el bloqueo. «Cuando se bloquearon los canales en Brasil, ya no pude seguirlos. Pude ver que se enviaban nuevos mensajes por parte de personas que utilizaban VPN o desde fuera de Brasil, pero sin una VPN yo mismo no podía acceder a ellos», dijo.

«El debate sobre los bloqueos de Internet y la libertad de expresión es complejo y está lleno de matices, teniendo en cuenta que gran parte de la sociedad brasileña se ha radicalizado y ha adoptado posturas antidemocráticas y extremistas. Los bloqueos se inscriben en una idea de ‘democracia militante’, una doctrina jurídica de los años 30 que considera que, en situaciones excepcionales, las instituciones deben actuar por la fuerza para salvaguardar la democracia», apuntó Duchiade.

Los bloqueos tienen a su vez consecuencias económicas. De acuerdo a la organización Internet Society, los apagones detienen el comercio electrónico, generan pérdidas en las transacciones que son sensibles al tiempo, aumentan el desempleo, interrumpen las comunicaciones entre empresas y clientes y generan riesgos financieros y de reputación para las compañías.

Los bloqueos a aplicaciones de mensajería instantánea en América Latina reflejan una alarmante tendencia de represión digital que pone en riesgo derechos fundamentales. Los casos recientes en Cuba, El Salvador y Brasil demuestran cómo los gobiernos utilizan estas medidas de forma errónea y desproporcionada para silenciar el disentimiento, intentar controlar la propagación de información falsa y la narrativa pública.

Este artículo es producto del Bootcamp «Derechos digitales, tecnología y activismo» realizado por TEDIC y el National Democratic Institute, en alianza con La Política Online. Las opiniones expresadas y hechos consignados en el presente material son de exclusiva responsabilidad de las personas autoras y no necesariamente reflejan la postura oficial de TEDIC y el National Democratic Institute ni de la dirección del medio. Este artículo fue originalmente publicado en la web de La Política Online en el siguiente enlace.