Si bien ya no puede aplicarse a las elecciones generales del 30 de abril, la Justicia Electoral y diputados proponen una ley de aplicación de datos biométricos ciudadanos para poder sufragar en los próximos comicios municipales del 2026 y las siguientes generales del 2028. Organizaciones advierten que esto puede afectar el derecho constitucional al voto secreto y que no existen salvaguardas mínimas para implementar un sistema de este tipo.

En setiembre de este año, se presentó en Diputados el proyecto de Ley «Que regula la aplicación de la huella dactilar en los comicios», el cual se encuentra en estudio en dicha cámara y cuenta con el apoyo de la Justicia Electoral.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputados colorados Rocío Abed, Justo Zacarías Irún, Basilio Núñez, y la liberal Esmérita Sánchez. La misma fue girada a las comisiones, de Asuntos Constitucionales; de Equidad Social y Género; y Ciencia y Tecnología, y luego tratada en plenario y postergada en la sesión de la Cámara Baja del pasado 7 de noviembre.

La comisión de Asuntos Constitucionales presentó modificaciones al proyecto, basadas en las recomendaciones de la Justicia Electoral, con las cuales amplía la idea a una Ley «Que establece la aplicación de control biométrico en locales y mesas de votación en comicios electorales nacionales, departamentales y municipales».

Esto implica que no solamente se piensa utilizar la huella dactilar para el control de los votantes, sino también otro tipo de datos personales sensibles, como el reconocimiento de iris o el de rostro. El motivo para dicho procedimiento se basa en la supuesta necesidad de verificar la identidad de la persona que ejerce su derecho al voto, de manera a que no esté sufragando en el lugar de otro individuo.

Cabe señalar que los datos personales  sensibles hacen alusión a cualquier información asociada a una persona que, debido a su contenido específico, requiere de un particular grado de cuidado y protección. Entre estos datos se encuentran la información referente a la salud y los datos biométricos, por ejemplo la huella dactilar, patrones faciales y de iris.

Una historia que se repite

Esta no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley de esta naturaleza, ya que en el año 2019 se presentó una idea similar.

Ya en dicha oportunidad, organizaciones como TEDIC cuestionaron esta intención de utilización de datos biométricos para el control a los ciudadanos votantes, indicando que socava derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna como la libertad de expresión, el anonimato, la intimidad o privacidad, y otras normas constitucionales como el secreto al voto.

«El Estado paraguayo tiene la obligación de respetar y proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión y a la privacidad, de acuerdo con los artículos 19 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Paraguay el 10 de junio de 1992, así como los artículos 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana), ratificada el 24 de agosto de 1989», expresaron desde TEDIC.

Las preguntas que lanza Tedic son, por ejemplo, cómo haría la Justicia Electoral para garantizar que no se pueda vincular la identidad del votante con la expresión del voto, o  o cómo se garantizaría una protección efectiva de los datos personales sensibles de las personas.

«Así como se terceriza el servicio de proveer las maquinas para el voto electrónico, ¿también se alquilarán los dispositivos de lectura biométrica delsector privado? ¿Ellos tendrán acceso a la base de datos biométricos? ¿Cómo se evitará la venta de las bases de datos biométricos como sucede con la base de cédulas de identidad? ¿Habrán sanciones en caso de abuso por parte de los responsables de las bases de datos? ¿Qué harán si se clonan los datos biométricos?», señalan.

Finalmente, este primer intento quedó aplazado sine die (sin fecha límite) en el Senado y no volvió a tratarse, hasta que recientemente fue vuelto a poner sobre la mesa en el ámbito parlamentario en Diputados, ahora con un fuerte impulso de la Justicia Electoral.

¿Qué dice la Justicia Electoral al respecto?

Christian Ruiz Díaz, director de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral(TSJE),  y vocero de la Comisión de Elecciones del TSJE, dijo que la Justicia Electoral apoya completamente el proyecto de ley, y es una idea institucional desde el año 2014.

Dijo que el objetivo es que se vuelva una herramienta para evitar el doble o triple voto, así como una herramienta probatoria de presencia física a la hora de votar, lo cual ayuda a confirmar la identidad del votante y evitar fraudes, o demostrar legalmente el fraude en caso de votar en dos lugares.

En caso de ser aprobada la ley, deben adquirirse las máquinas de escaneo, y realizar un proceso gradual para el registro de votantes. Una idea es generar los registros ya cuando se presente a votar en alguna elección previa a la aplicación del sistema.

Habló de casos donde algunas personas tienen sus dedos gastados, para lo que hay otros medios de comprobación como ocular o facial, y por ello que el proyecto de ley amplió la primera versión a una más compleja de control a través de otros datos biométricos.

El proyecto con modificaciones establece que la Policía Nacional debe entregar a la Justicia Electoral la base de datos biométricos de las huellas dactilares de las personas, pero un dato curioso brindado por el director del TSJE, es que esta información la almacena una empresa privada contratada por el Estado.

Necesidad de una Ley de Protección de Datos

Marta Ferrara, directora ejecutiva de la organización Semillas para la Democracia, manifestó, al igual que TEDIC, que la propuesta legislativa podría atentar contra el secreto del voto y el derecho a la intimidad, por lo que instó a que, antes que nada, se apruebe una Ley de Protección de Datos Personales, idea ya presentada el año pasado, pero estancada hasta ahora.

«Esta es una propuesta muy sensible que requiere mecanismos muy eficientes de salvaguarda, porque el desafío es el cuidado de los datos ante posibles prácticas discriminatorias que se podrían eventualmente realizar a partir de la correlación de la identificación de la persona habilitada para votar y su voto», indicó.

Por otro lado, dijo que las huellas dactilares también podrían utilizarse como una forma de vigilancia o mecanismo de control a ciertas minorías o grupos vulnerables, ante las carencias del propio Estado para guardar dicha información privada.

«Hay que tener mucho cuidado, porque existe un alto riesgo de que sean filtradas dichas informaciones, y hay que ver si existe una evaluación de impacto para el uso de sistemas de datos biométricos, porque se tiene que cumplir con todas las condiciones para que no se viole el secreto del voto», dijo.

Señaló que esta práctica se da solamente en Venezuela, en parte de Brasil, y en África, mientras que en la Unión Europea ningún país lo aplica. 

En ese sentido, desde TEDIC señalan también sobre la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto de derechos humanos a la hora de diseñar e implementar políticas públicas con un componente digital, y particularmente en iniciativas que dependen de la recolección de bases de datos de carácter sensible: “Las evaluaciones de impacto son herramientas utilizadas para analizar las posibles consecuencias de una actividad determinada, que repercute en uno o varios intereses sociales relevantes. Estas evaluaciones ayudan en el proceso de toma de decisiones sobre si tal actividad debe existir y en qué condiciones debe hacerlo”.

Opiniones de referentes internacionales

Cabe señalar también las preocupaciones expresadas por el ex Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión (ONU), Frank La Rue, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos (ONU), Navi Pillay, y en lo que respecta a violaciones del derecho a la intimidad por la falta de medidas de protección eficaces en la utilización de tecnologías biométricas.

“Los casos en que la biometría no se almacena en un documento de identidad, sino en una base de datos centralizada, se incrementan los riesgos para la seguridad de la información  dejando a los individuos vulnerables. A medida que aumenta la información biométrica, las tasas de error pueden aumentar significativamente”, manifestó Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU.

* Este artículo es producto del Bootcamp en elecciones y tecnopolítica realizado en alianza con TEDIC. Las opiniones expresadas y hechos consignados en el material no necesariamente reflejan la postura oficial de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Asociación TEDIC, ni de la dirección del medio.Este artículo es producto del Bootcamp en elecciones y tecnopolítica realizado en alianza con TEDIC. Las opiniones expresadas y hechos consignados en el material no necesariamente reflejan la postura oficial de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), la Asociación TEDIC, ni de la dirección del medio.