El único documento presentado a la Justicia Electoral para justificar los gastos de la campaña del gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, fue la factura de una pizzería de Ciudad del Este. El colorado no rindió en detalle sus egresos y tampoco incluyó sus acciones de una empresa privada en su declaración jurada, incumpliendo la Ley Nº 6.501 que regula el Financiamiento Político.

La rendición de cuentas de la campaña electoral del gobernador de Alto Paraná, César Orlando Torres (ANR) presenta varias irregularidades como omisiones de datos y facturas. El actual gobernador de Alto Paraná hizo figurar un monto de G. 30 millones como gasto total, según su declaración de ingresos presentada ante el Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP).

“Landy” Torres no cumplió con la Ley Nº 6.501 “Que regula el financiamiento político” vigente desde el 2020, que exige la rendición de los gastos de campaña y de los desembolsos del día de la elección, que “deberán justificarse con comprobantes legales debidamente timbrados por la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, y en plena y efectiva vigencia”. 

El único documento presentado por Torres para justificar sus gastos de G. 30 millones fue una factura a nombre de Dorila Ramona Ortega. El gobernador tampoco detalló en su informe cuánto gastó en propaganda y publicidad, alquiler de locales, remuneración del personal, gastos de transporte y desplazamiento. El monto gastado en cada uno de estos ítems debe estar contemplado en la rendición de cuentas, según lo que exige la Justicia Electoral. 

No obstante, en el documento publicado en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP), no se detalla cuánto habría recibido como aporte en medios de transporte, donaciones de bienes o servicios recibidos y/o utilizados durante su campaña.

Consultado por El Puente sobre quién es Dorila Ramona Ortega, el gobernador respondió que no conoce a la mujer y responsabilizó a la contadora de la presentación de documentos de rendición de gastos de campaña.

“Nosotros teníamos asignado un administrador de campaña, que era quien se encargaba de administrar todos los recursos. Hay un contador o una contadora, y era quien se encargaba de hacer las rendiciones. Ahora mismo no me acuerdo quién era la señora (dueña de la factura), pero puedo preguntar de quién se trata”, expresó el gobernador.

Ortega Cantero está registrada en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como contribuyente bajo la razón social de “Pizzería Rico Sabor” con dirección en el kilómetro 7, barrio Don Bosco de Ciudad del Este. En su perfil tributario figura como actividad económica principal panadería, confitería y pastelería y como actividad económica secundaria, un comercio al por menor de alimentos, restaurantes y parrilladas.

Teniendo en cuenta estos datos y el documento presentado al SINAFIP, el único gasto que tuvo el gobernador siendo candidato sería en alimentos y/o pizzas. Es decir, se omitieron los costos de la logística del día de las elecciones generales, el origen de sus recursos, publicidad, cartelería, movilidad, entre otros aspectos que deben ser informados. Al ser consultado sobre la fuente de financiamiento de su campaña, Torres se limitó a responder que fueron “recursos propios”.

En fotografías publicadas en redes sociales del gobernador, cuando era candidato, se puede observar la envergadura de su campaña que implicó grandes concentraciones y reuniones masivas en varios municipios de Alto Paraná. 

Sólo en abril, se publicaron 16 eventos políticos en polideportivos, en lujosos salones o clubes sociales. En estos actos alquilaron sillas, mesas, equipos de sonido, instalaron banners, distribuyeron calcomanías y en varios de ellos sirvieron comida y bebida para cientos de personas, ya sea almuerzos o cenas. Ninguno de estos costos ni el origen de los fondos para pagarlos fueron informados por el gobernador ante el sistema de control de financiamiento político.

En cuanto a los costos estimados para una campaña de esa envergadura, para un departamento con el segundo mayor caudal de electores del país, el gobernador respondió que los gastos fueron compartidos por todos los candidatos. “Como candidato a gobernador era invitado a reuniones, pero organizadas por algún candidato a diputado o a concejal departamental. Inclusive en las internas, teníamos candidatos a presidentes de seccional y a convencionales. Candidaturas que tenían muchos actores y con este nuevo sistema electoral todos tienen la posibilidad de cierta manera de ingresar, entonces cada uno pelea por su espacio y financia también de acuerdo con sus condiciones. A diferencia de antes con la lista sábana, y sólo los primeros lugares tenían chance o posibilidad de entrar”, alegó.

No declara acciones de una empresa privada 

El gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, cuenta con acciones por valor de G. 125 millones en la empresa Electromatic Ingeniería S.A., según su declaración jurada de bienes y rentas presentada el 26 de agosto de 2023, por motivo de su asunción al cargo. 

Sin embargo, sus acciones en la firma no fueron informadas cuando era candidato, en su declaración de intereses económicos vinculados (DIEV), otra exigencia de la Ley Nº 6501, de control de financiamiento político. El DIEV es una descripción detallada acerca de la participación o vinculación que tiene cada candidato con alguna empresa, sociedad o asociación, especificando la vinculación o representación poseída.

Consultado sobre este punto, Torres manifestó que la empresa está inactiva y que ese habría sido el motivo por el que no declaró su contadora. “Esa empresa está parada desde el 2014, cuando tuvo su última actividad, hasta cuando yo entré como intendente, después ya quedó inactiva. Es una SA que abrimos con mi hermano, pero no llegamos a activar la empresa. La política es incierta también, cuando uno se lanza no sabemos si va a ingresar o no. Entonces, cuando entré como intendente municipal, decidí abocarme a mi función como intendente, entonces en ese momento quedó inactiva la empresa, está sin movimiento desde el 2014. Tal vez por eso no declaró mi contadora”, justificó.

Falta un control eficiente de la financiación política

Un informe realizado por la organización Semillas para la Democracia de noviembre de 2021, que examina la implementación y aplicación en Paraguay de artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, indica que si bien Paraguay ha logrado importantes avances en el desarrollo de marcos legales, falta un control eficiente de la financiación política. 

Señala como una de los obstáculos, que “la Ley de financiamiento político no permite al Tribunal Superior de Justicia Electoral aplicar sanciones a aquellos candidatos que cometan irregularidades en las rendiciones de cuentas”. 

“La sanción prevista en la ley es pecuniaria y corresponde a una multa o quita del subsidio electoral con relación al grado de cumplimiento. Estos costos son generalmente delegados a la agrupación política, además que ese proceso no impide que el candidato siga adelante en la carrera electoralista, pese a no rendir cuentas sobre sus gastos en campaña”, menciona el informe.

En su informe, la Semillas para la Democracia recomienda “promover legislativamente la prohibición expresa de las aportaciones dinerarias y el reparto de regalos en las campañas electorales, así como la suspensión del partido o candidato que incurra en infracciones relacionadas con la financiación política”.

Este artículo es producto del Bootcamp en financiamiento político, datos y elecciones realizado en alianza con TEDIC y Semillas para la Democracia. Las opiniones expresadas y hechos consignados en el presente material son de exclusiva responsabilidad de las personas autoras y no necesariamente reflejan la postura oficial de TEDIC y Semillas para la Democracia ni de la dirección del medio.

Este fue un artículo redactado por El Puente, el mismo se encuentra en el siguiente enlace.